Renunciaron dos fiscales en medio de una investigación por supuestas irregularidades
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Los fiscales Walter Hugo Rondón y Rodrigo Fernández Ríos presentaron sus renuncias indeclinables ante la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Aunque alegaron razones personales, la decisión coincide con cuestionamientos sobre su desempeño en la causa “Residencial Ranys”, donde se investigan presuntos abusos sexuales a menores.
Días atrás, la Procuración General había solicitado a la Auditoría General de Gestión del MPA que analizara la actuación de ambos en el expediente.
En diciembre, la causa pasó a la justicia federal y actualmente está a cargo del juez Esteban Hansen y el fiscal Federico Zurueta.
El caso, conocido como “Residencial Ranys”, involucra una investigación por presuntos abusos sexuales a menores. Ha generado gran atención pública y controversia debido a las graves acusaciones y a las supuestas irregularidades en la investigación.
El caso surgió a partir de denuncias de abusos sexuales cometidos contra menores en el Residencial Ranys. Las víctimas habrían sufrido estos abusos durante varios años, y las denuncias incluyen a personal del lugar y a personas externas.
La investigación comenzó en el ámbito provincial, a cargo de los fiscales Fernández Ríos y Rondón. Sin embargo, hubo críticas por la lentitud y la falta de avances en el caso, lo que generó desconfianza en las víctimas y sus familias.
El caso fue llevado a la justicia federal debido a la gravedad de los hechos y a las posibles implicaciones de funcionarios públicos. Actualmente, la investigación está a cargo del juez Esteban Hansen y el fiscal Federico Zurueta.
Durante la investigación, se cuestionó el desempeño de los fiscales Fernández Ríos y Rondón, lo que llevó a la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a solicitar una auditoría de su actuación en el caso. Poco después, ambos fiscales presentaron sus renuncias “indeclinables”, alegando razones personales, aunque se interpreta que su decisión está vinculada a las críticas recibidas.
El caso ha generado indignación en la sociedad jujeña y ha puesto en evidencia posibles fallas en el sistema de protección de menores. Además, ha llevado a debates sobre la transparencia y eficacia de las instituciones encargadas de investigar delitos de esta magnitud.
Situación actual:
El caso sigue en investigación bajo la órbita federal, y se espera que se avance en la identificación y procesamiento de los responsables. Las renuncias de los fiscales han dejado en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos y la actuación de las autoridades en casos de abusos sexuales, especialmente cuando involucran a menores en situación de vulnerabilidad.
